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Reforma de Ley de Alquiler en mira de la Asamblea Nacional

90% es lo que ha caído el mercado en los últimos 4 años
90% es lo que ha caído el mercado en los últimos 4 años

Lysaura Fuentes | lfuentes@dearmas.com

Tras cuatro años que tiene la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de viviendas que fue promulgada por el fallecido presidente Hugo Chávez se ha presentado la posibilidad de que con la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora se reforme este documento o se promulgue una ley de fomento arrenditicio, pues así lo ha incluido en su agenda de 10 puntos presentada tras la victoria del 6D.

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús "Chúo" Torrealba dijo al diario 2001 que esa ley "la vamos a refomar", ya que los resultados han sido "desastrosos". Su elaboración está en manos de la Comisión de Desarrollo Integral de la AN:

"Esa ley se aprobó contra la voluntad de todos los sectores. Se les advirtió que iba a acabar con el mercado de alquiler y asi fue , el alquiler desapareció a los pocos días de su promulgación", relató.
Agregó que "no es que se esté alquilando, sino que los inquilinos deben firmar contratos sumergidos, a precios en dólares, mientras los propietarios están expuestos a perder el apartamento o a sanciones" pues la actividad funciona en el mercado negro.

"Los únicos beneficiados con esta ley han sido grupos de activistas que se ocupan es de invasiones", sentenció.

Sin viabilidad El expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, considera que la ley "sin duda" debe ser reformada "porque hoy en día no tiene ninguna viabilidad".

Pietri asevera que el aquiler en Venezuela es "prácticamente inesistente" por dos razones: la primera es que se le debe garantizar la “justicia” al propietario, en cuanto a que él pueda recuperar su vivienda cuando se presente un incumplimiento de contrato por parte del inquilino.

También considera que el inquilino tiene derecho a comprar la vivienda a un "precio justo", pero manifestó que deben cumplir con sus obligaciones. "No puede ser posible que hayan inquilinos en Venezuela que no pagan y que no haya forma de sacarlos de las viviendas", lamentó.

Explicó que se presenta otro problema en la ley, ya que para 2012 el TSJ le ordenó al Sunavi que una vez que se presentara una sentencia en favor del propietario de una vivienda, este organismo tenía cuatro meses para buscarle un refugio al inquilino, "pero esto no se aplica, no hay un refugio que funcione, porque nadie se quiere ir para estos", lo que lleva a que el procedimiento jurídico decaiga y el propietario no recupere su domicilio.

Además afirma que es necesario revisar en la ley los cánones de arrendamientos, y que estos sean ajustados a la realidad inflacionaria del país; es decir, establecer en la normativa un balance de beneficios tanto para el arrendatario como para el arrendador.

"Si el gobierno aceptara que la inflación existe, sinceraríamos los precios de la venta de los inmuebles y quizás así podríamos empezar a trabajar", agregó de su lado el actual presidente de la Cámara, Carlos González.

Precios en dólares

Los pocos avisos de alquiler publicados en la prensa muestran precios exhorbitantes: 1 apartamento en Santa Fe de 52 metros se arrienda a Bs. 250.000, uno de 60 metros en Los Palos Grandes se alquila en Bs.600.000, por uno de 3 habitaciones en Chacao piden 400.000 y otro de 72 metros en La Florida se alquila en Bs. 300.000.

Arrendar una habitación varía desde Bs. 10.000 hasta 50.000 o más, dependiendo de la zona y el inmueble

No se toca

El Movimiento de lnquilinos y la Asociación Civil Residencias Caribe (Acireca) ha manifestado su rechazo a una reforma o derogatoria a la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento.

"Ya la Mesa de la Unidad (MUD) ha presentado en su agenda legislativa una reforma de esta ley. El sector privado se ha envalentonado, porque ya están aumentando el valor del alquiler de muchos edificios", denunció Rígel Sérget, presidente de Acireca.

Según dijo, con la derogación de esta legislación están en riesgo de quedar en la calle más de 600.000 familias que viven alquiladas en todo el territorio nacional. 

2016-03-14


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